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El contenido de las nuevas formas de comunicación como prueba judicial

  • Por Francisco Javier Peiró Pellicer
  • 12 septiembre 2017

Si echamos la vista atrás, como máximo 25 años, podemos apreciar como se ha ido evolucionando a pasos agigantados en el uso de la tecnología al servicio de las telecomunicaciones. Quién nos iba a decir que a día de hoy todo el mundo tendría un teléfono móvil, un ordenador portátil o una tableta, cuando poco tiempo atrás era algo impensable. Si querías llamar debías hacerlo o desde un fijo en casa o desde una cabina telefónica, si querías hacer un escrito debías utilizar una máquina de escribir o un ordenador fijo, o si querías ver algún programa o documental tenías que hacerlo a través de la televisión.

Estos son sólo algunos ejemplos de cómo la tecnología va invadiendo nuestros hogares, y como ello también influye en la forma en que las personas se relacionan a día de hoy, y de su consecuencia en el ámbito judicial.

Sin duda que antes se cerraban acuerdos de forma oral, certificándose dándose la mano, o en su caso, mediante la redacción de un escrito firmado por las partes intervinientes.

Hoy en día sin embargo es cada vez más habitual que la celebración de un contrato o la aceptación de una oferta comercial se haga por un mensaje enviado a través de un correo electrónico o whatsApp, lo que es lógico ya que el número de usuarios de correo electrónico en el mundo es de 2,2 mil millones y el número de mensajes enviados al día se cifran en 144.000.000.000, y los usuarios de WhatsApp envían 55 mil millones de mensajes, 4,5 mil millones de fotos y 1.000 millones de videos diariamente.

El tema que se nos plantea es, desde una perspectiva judicial, si tendrían validez como prueba en juicio.

Lo primero que debemos de advertir es que los textos remitidos por correo electrónico o whatsApp tendrán la consideración de documentos privados, y serán aceptados por los tribunales, produciendo plenos efectos procesales, salvo en el caso, en que fueran impugnados por la parte contraria, en cuya circunstancia habría que probar su autenticidad por otros medios, y ahí es donde podemos encontrarnos con problemas.

Debemos advertir que es necesario tener cuidado a la hora de impugnar estos documentos a la ligera por el mero hecho de proceder de un correo electrónico o whatsApp, ya que si acreditara su autenticidad, los gastos en que se hubieran incurrido, serían del que hubiese impugnado su autenticidad, además de que el juez si apreciase temeridad podría imponerle una multa entre 120 a 600 € (art. 326.2 y 3 LEC, en relación con el artículo 320.3 LEC).

Los correos electrónicos, whatsApp y demás mensajes procedentes de las distintas redes sociales serán aportados al procedimiento o bien impresos en formato papel, o bien en un soporte digital tales como por ejemplo un “pen drive”, los cuales reflejarán o contendrán una mera copia de la información original.

El problema estriba en que los citados soportes al recoger copias, sin duda pueden haber sido alterados, debiendo en estos casos acudir a las periciales para determinarse por medio de informe de un especialista informático, la no alteración de su contenido conforme al soporte original.

Para evitar estas impugnaciones ¿podríamos utilizar a un notario?.

Si que podríamos acudir a un notario, pero debemos tener en cuenta que éste únicamente se limitaría a certificar los hechos y circunstancias que presencien, pero en ningún caso podría convertir una comunicación realizada a través de estos medios en un documento público. Es decir, el notario podría levantar un acta sobre un contenido exhibido en un ordenador, un sitio web o en un teléfono móvil, acreditando su existencia en un momento determinado, pero lo que no podría en ningún caso es dar fe de la identidad de los intervinientes o de posibles manipulaciones en los mismos.

Llegado a éste punto ¿tendría la misma validez como prueba judicial un correo electrónico que un whatsApp? ¿Existen diferencias?

A simple vista podríamos entender que no tendría por qué existir criterios distintos de validez, pero sí que los hay.

El parecido entre whatsApp y el correo electrónico se limita a que a través de los mismos se puede transmitir un texto y adjuntarse contenidos multimedia (fotos, documentos…).

Hasta ahí su similitud, pero otorgar el mismo valor jurídico a los mensajes de whatsApp que al de los correos electrónicos es una equivocación en la que no debe caer los jueces a la hora de tomar en consideración dichas pruebas a efectos probatorios, por los motivos que a grandes rasgos a continuación se exponen.

Los servidores de whatsApp una vez entregan el mensaje al receptor, lo borran casi de inmediato, no quedando un registro donde pueda ser verificado, lo que conlleva el que los datos puedan ser alterados.

Sin embargo los servidores de correo electrónico, si que disponen de un registro donde quedan reflejados, pudiéndose ver la ruta que siguió el correo, en orden a poder verificar que el correo salió del servidor del emisor y que éste llegó al servidor del receptor y que su contenido corresponde con la copia que se queda en los registros de los servidores.

En base a lo anterior es evidente que la fiabilidad que se le pueda otorgar a los mensajes de whatsApp en un procedimiento judicial estará muy limitada, en comparación con los correos electrónicos, que acreditan sin duda una mayor seguridad. Como hemos expuesto, la sociedad evoluciona a velocidad de vértigo en la utilización de tecnologías al servicio del ser humano, por lo que el ámbito judicial debe intentar moverse y acomodarse a las distintas situaciones a la mayor brevedad para evitar situaciones de abuso y desigualdad jurídica.